COMUNICADO


Bajo el título “Las comprometedoras pruebas del atentado al Centro Andino”, la prestigiosa revista SEMANA.COM publicó el 2 de Julio un informe relacionado con el caso de los jóvenes señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber cometido dicho atentado terrorista, cuyas consecuencias son ampliamente conocidas.


En vista que por orden de la juez 47 penal municipal de control de garantías de la ciudad de Bogotá las audiencias preliminares fueron “reservadas”, es decir, sin presencia de público, es lógico suponer que la revista se basó en una fuente indirecta, lo que no justifica la falta de precisión y verdad de que adolece el citado informe.


En efecto, la SEMANA. COM publica fotografías e informes que no fueron dados a conocer durante las audiencias de imputación y medida de aseguramiento y de cuya existencia no tuvieron conocimiento los defensores. Por lo tanto las “comprometedoras pruebas de que habla el informe no fueron debatidas ante la juez de control de garantías.


VEAMOS:


1. Nunca se mostró en las audiencias la foto donde “se observa a uno de los terroristas con una peluca y un bigote que posteriormente se pone.


2. Nunca se mostró en las audiencias al mismo sujeto, supuestamente en video, cuya foto la revista publica con el siguiente comentario: “los videos donde aparece este hombre, ya disfrazado, grabando un video en los baños del andino”. Durante las audiencias la defensa preguntó al fiscal del caso si existían videos de los imputados en el Centro Andino y el fiscal respondió categóricamente que NO. Por su parte la señora Juez consideró que si bien no se habían aportado videos existían otros elementos materiales de prueba que daban cuenta de la presencia de los imputados en dicho lugar, sin que precisara de cuales se trataba.


3. Nunca se mostraron en las audiencias las fotos que publicó la revista con el siguiente pie de foto: “Sus secuaces fotografiaron a uno de los sospechosos en una prueba en la que utilizan una chaqueta falsa de una empresa de telefonía para camuflarse. En cámaras de video cerca a los sitios de algunos de los ataques aparece el mismo personaje rondando los sitios en donde estallaron los artefactos.” Tampoco se dio a conocer a los defensores el video a que hace referencia esta nota.


4. Nunca se mostraron en las audiencias las fotografías que publicó la revista con el siguiente pie de foto: “Disfraces para camuflase. Varios de los detenidos aparecen fotografiados y grabados probándose diferentes tipos de vestuario con el fin de pasar desapercibidos.”


5. El fiscal del caso nunca dijo en las audiencias lo que la revista afirma en el pie de foto de una persona encapuchada leyendo un documento: “El video en el cuarto. Un día después del ataque en el Andino el MRP difundió este video en el que una mujer niega cualquier responsabilidad. Al allanar la vivienda de una de las capturadas, las autoridades descubrieron que el video había sido grabado en uno de los cuartos del lugar. El sitio estaba acondicionado con elementos insonorizantes.” El fiscal se limitó a mostrar el video para señalar que la persona que lee el comunicado porta una pistola y que “le llamó la atención a los investigadores que una de las capturadas fuera capturada en poder de un arma similar y que por lo tanto tratarían de determinar si se trataba del mismo artefacto”. Eso causó risa entre los asistentes porque cualquier persona intuye que es imposible comparar un arma de fuego con la cacha del arma que aparece en el video y porque nos recordó cuando la fiscalía sostuvo que la punta de una nariz que aparecía en un video era la de Sigifredo López.


6. El fiscal del caso nunca dijo en las audiencias lo que la revista afirma en el pie de foto donde aparecen dos encapuchados y tras de ellos una bandera y por supuesto, dichas imágenes jamás fueron mostradas en las audiencias: “Armas, pasamontañas y banderas. Varios de los detenidos aparecen posando en videos con los rostros cubiertos y mientras entrenan con armas. Posteriormente en los allanamientos las autoridades encontraron en las viviendas de algunos de ellos pasamontañas y banderas.”


7. La fiscalía nunca dijo en las audiencias que “está documentado cómo varios ingresaban a locales a comprar elementos para armas explosivas como nitrato…”. La fiscalía solo mencionó que dos de los imputados fueron vistos comprando bombillos led y cables, lo cual, hasta el día de hoy no constituye delito en Colombia.


8. Nunca se mostró en las audiencia documento alguno donde se vea a los imputados dividiendo tareas antes de la colocación de las bombas, como afirma la revista. La fiscalía supuso que había división de tareas, a partir de los seguimientos que les realizó a los imputados y, basados solamente en la opinión de los investigadores diseñaron un diagrama dando cuenta de la estructura del MRT y las tareas que supuestamente cumplían sus integrantes. Esto causó asombro en la defensa por cuanto resultaba imposible que con simples seguimientos donde los imputados fueron vistos en encuentros casuales se pudiera llegar a estas conclusiones, sin contar con conversaciones, mensajes, etc.


9. Nunca se exhibió en las audiencias documento alguno donde se observe que antes de los atentados alguien realizara labores de inteligencia y que además hiciera parte del grupo de imputados. La fiscalía dedujo que esto debió llevarse a cabo. Y se quejó de no tener prueba de esta división de tareas debido a que en opinión del fiscal se trata de un grupo integrado por individuos “inteligentes, cautelosos y disciplinados”. (según consta en los audios)


10.El fiscal nunca dijo en las audiencias que “a lo largo de los meses los investigadores grabaron cómo los integrantes de esas células cambiaban totalmente su apariencia física después de cada explosión”. Este hecho como los anteriores es completamente desconocido por la defensa y solo se conoce ahora, gracias a la publicación.


11.La fiscalía nunca dijo que los imputados “se mudaban de apartamentos que alquilaban para las reuniones en las que planeaban los ataques.” Solo hizo mención al cambio de vivienda detectado en uno de los imputados. Pero jamás se dijo donde se planeaban los atentados.


12.La fiscalía nunca dijo que lo imputados integraran una triada o célula, como afirma la revista, de haberlo hecho sería una contradicción porque se trataba de 9 muchachos que se reunían casualmente, como quien dice, una triada de 8.


13.En las audiencias nunca se dijo, por parte de la fiscalía, que a los imputados se les hubiese incautado planos del centro comercial andino y por supuesto no fueron mostrados dichos planos.


14.La fiscalía nunca dijo que a los imputados se les hubiese incautado manuales detallados para armar bombas. Jamás se mostró en las audiencias algún documento al respecto.


15.La fiscalía nunca dijo en las audiencias que a los imputados se les hubiese decomisado “bultos de nitrato”. Según los informes de policía judicial en una de las viviendas se encontraron 50 kilos de un abono de libre venta.


Resulta increíble que la totalidad del informe de la revista haga mención a elementos materiales de prueba y evidencias físicas que la fiscalía no dio a conocer en las audiencias de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento, con lo cual queda demostrado que la intención de quienes filtraron esta información, usada para asaltar en la buena fe la revista Semana.com, es la de construir un proceso paralelo al judicial ante un medio de comunicación, con el único objetivo de presentar a los jóvenes imputados como responsables del atentado terrorista al Centro Comercial Andino. De haber publicado la revista lo que realmente acaeció durante las audiencias, necesariamente habría tenido dar a conocer que:


1. El fiscal no presentó ningún elemento material de prueba que relacionara a los imputados con el atentado al Centro Comercial Andino.


2. El fiscal hizo deducciones, suposiciones o conjeturas a partir de la supuesta relación de dos imputados con el MRP. Según explicó el fiscal el MRP es responsable de la colocación de bombas panfletarias en la ciudad de Bogotá, por lo tanto es responsable de la bomba al Centro Comercial Andino. Respecto a nuestra defendida, LICETH JOHANNA RODRIGUEZ, y otros imputados la fiscalía dedujo que “sí se reunían con supuestos miembros del MRT, en consecuencia eran miembros de dicha organización y por lo tanto debieron haber participado en la colocación de la bomba al Centro Comercial Andino.


3. El fiscal les imputó la colocación de la bomba en la zona de la Macarena, en inmediaciones a la Plaza de Toros de Bogotá, donde resultó muerto un agente de la policía, hecho que según se dio a conocer en un primer momento fue atribuido al ELN.


4. El fiscal no argumento o justificó los fines constitucionales para imponer la medida de aseguramiento y que la juez reconoció esta falencia pero adujo que la única persona que tiene la obligación de argumentar en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento es el juez, advirtiendo que el fiscal solo tiene la responsabilidad de presentar los elementos material de prueba para el análisis de la judicatura, citando como respaldo de estas afirmaciones jurisprudencia de la Corte Constitucional que nada dice al respecto, como la sentencia T237 de 1994, referida al Derecho al Trabajo.


5. Cualquier persona medianamente informada sobre el sistema penal acusatorio sabe muy bien que el fiscal tiene una carga argumentativa insoslayable y que la nula argumentación por parte del fiscal imposibilita al juez que pueda despachar favorablemente las solicitudes que el ente acusador le formule. De ser cierto que el fiscal solo debe presentar los elementos materiales de prueba al juez, bastaría con que los enviara por correo.


6. El fiscal y la señora juez hicieron un análisis sobre la inferencia razonable de autoría en los delitos imputados, de manera global, bajo la premisa de que si existían indicios respecto a uno o dos de los imputados esto cobijaba a los demás.


7. El fiscal y la juez nunca se refirieron a las condiciones personales, familiares, laborales y sociales de cada uno de los imputados. Simplemente adujo, de manera general que se trataba de persona desarraigadas, sin vivienda fija y desempleados. Sin embargo, se probó en la audiencia que eso es falso. En lo que atañe a la LICETH JOHANNA RODRIGUEZ se probó su lugar de residencia y el hecho de que tiene un contrato de prestación de servicios con la Universidad Nacional, sin embargo, esto no fue ni siquiera mencionado por la juez.


8. La juez adujo que existía peligro de fuga por parte de los imputados debido a que existían ordenes de captura contra otros dos supuestos miembros de MRP y que de la misma manera como estas personas evitaban su captura era lógico presumir que los imputados se sustraerían a la acción de la justicia en caso de quedar en libertad.  


9. La juez sostuvo que en el baño del Centro Comercial Andino fueron encontrados “trozos de panfletos”, haciendo relación a los panfletos del MRP. El fiscal jamás exhibió dichas evidencias físicas, ni siquiera hizo mención a tal hecho. Por lo tanto la decisión está basada en evidencias inexistentes procesalmente.


Como defensores condenamos enérgicamente que la fiscalía pretenda ganar a toda costa los procesos mediante presiones indebidas a los jueces de la república, violando su autonomía e independencia, usando a los medios de comunicación para que publiquen pruebas inexistentes en los procesos con el único fin de condenar anticipadamente y “en tiempo record” a los procesados ante la opinión pública, convertida en tribunal y verdugo.


Rechazamos frases como las siguientes publicadas en referido informe: “Es claro que se trata de un puñado de inadaptados extremistas que acudieron al terrorismo”, (…) “Se trata de un grupo anárquico de extrema izquierda que carece de cualquier tipo de ideología”. Éstas constituyen una auténtica vulneración del principio de presunción de inocencia y una burla a los procesados.


Reconocemos y defendemos la libertad de prensa pero eso no es óbice para denunciar los abusos en que se incurre en el ejercicio del derecho a informar. En este caso los lectores tienen el derecho a conocer lo que realmente ocurrió en las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, que se adelantaron contra las personas capturadas y exhibidas como autoras del atentado al Centro Comercial Andino, cosa que no ocurrió, pues la revista público pruebas y argumentos que no fueron presentados y sustentados en los referidos actos procesales.


A los lectores se les indujo en error al hacerles creer que estas fueron las pruebas presentadas y debatidas ante la juez 47 de Control de garantías. Mal hace la revista al convertirse en instrumento de la fiscalía construyendo un proceso alterno al judicial, presentando supuestas pruebas que la defensa no ha tenido la posibilidad de examinar y debatir.


La prensa libre e independiente debe ser igualmente una garantía de las los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de la presunción de inocencia y del debido proceso. Presentar como culpables a quienes no han sido oídos y vencidos en juicio, con pruebas inexistentes procesalmente violan esas garantías individuales y causan un daño irreparable a los ciudadanos sujetos de la acción penal y a sus familias.


Hacemos un respetuoso llamado a la revista SEMANA.COM y a los demás medios de comunicación que han publicado pruebas que no fueron dadas a conocer en las audiencias seguidas contra estos jóvenes para hagan las respectivas aclaraciones y precisiones, en defensa de los derechos a la verdad, la objetividad y la transparencia en la información.


Denunciaremos al Fiscal General de la Nación y a la señora Vice fiscal, ante la comunidad jurídica, dentro y fuera del país, por ejercer presiones en contra de los jueces de garantías a quienes pretenden convertir en lugartenientes del ente investigador violando la independencia y autonomía judicial, a la vez que insistiremos en una veeduría internacional que evite que estos muchachos sirvan de chivo expiatorio, dejando en la impunidad a los verdaderos responsables.


Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de este execrable acto terrorista y les hacemos un respetuoso llamado para que exijan a la fiscalía que agote las líneas de investigación inicialmente anunciadas, incluyendo la posibilidad de un error en la manipulación del artefacto por alguna de las víctimas. Conociendo las deficiencias del sistema investigativo colombiano es inadmisible que a las pocas horas de ocurrido el atentado se hubiese descartado esta última hipótesis y se mantenga en completo hermetismo el protocolo de necropsia de las víctimas fatales.


Bogotá Julio 3 de 2017


ELMER JOSE MONTAÑA GALLEGO

ABOGADO DEFENSOR DIRECTOR EJECUTIVO

FUNDACIÓN DEFENSA DE INOCENTES



ANDRES FELIPE CABALLERO SIERRA

ABOGADO DEFENSOR



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